La nueva norma se sometará ahora a la votación de cada uno de sus más de 160 artículos. - Reemplazará a la ley vigente desde la dictadura militar (1976-1983) EFE
El Senado de Argentina aprobó hoy, tras catorce horas de debates, la nueva ley de Medios Audiovisuales propuesta por el Gobierno de Cristina Fernández en un pulso con la oposición y grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses. La nueva ley fue aprobada por 44 votos contra 24, en presencia de 68 de los 72 miembros del Senado.
Tras esta aprobación general ha comenzado la votación "en particular" de cada uno de los más de 160 artículos de una normativa que ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados, que volvería a tratarla en caso de que los senadores cambien algún punto. Antes de comenzar los debates ayer viernes, el jefe del grupo de legisladores oficialistas había asegurado que entre los 72 miembros del Senado hay "entre 38 y 39" votos a favor de que no cambie ningún artículo de la nueva normativa, que reemplazará a la vigente desde la dictadura militar (1976-1983).
La ley ya superó su paso por el Congreso sin que se modificaran ninguno de los artículos más polémicos, informa Soledad Gallego-Díaz. La oposición quiere que el Senado pare, entre otros, el artículo 161 que obliga a las empresas audiovisuales a desprenderse en el plazo aproximado de un año de los medios que excedan el número de licencias permitidas en la nueva legislación, lo que, según las empresas afectadas, les obligará a vender sus activos a precios no competitivos.
La ley no permite invocar los "derechos adquiridos" en las licencias y contratos actuales, lo que plantea dudas jurídicas y presagia una dura batalla en los tribunales. El senador y posible candidato presidencial en 2011 Carlos Reutemann aseguró que el proyecto de ley viola la Constitución.
El grupo más afectado será Clarín, el principal multimedia del país, al que Néstor Kirchner renovó en 2007 todas sus licencias por otros 10 años, y que ahora se verá obligado a desarmar su estructura empresarial. Muchas otras empresas periodísticas han declarado también su preocupación, inquietas por la excesiva atomización del sector, el hecho de que el Ejecutivo se reserve el control de las licencias de radio y televisión en ciudades de más de 500.000 habitantes -por más que la ley hable de unos imprecisos "concursos" previos- y la obligación de comunicar los contenidos de programación al órgano de control de aplicación de la nueva normativa.
Miles de manifestantes movilizados frente a la sede del Parlamento por grupos políticos y sociales afines al Gobierno han celebrado con una ovación el resultado de la primera votación. Estos manifestantes siguieron los debates por medio de una "radio abierta" y una gran pantalla de televisión instalada en un palco de la llamada "Coalición por una Radiodifusión Democrática". EFE
Fuente: EL PAIS
10 octubre, 2009
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